El derecho a la dignidad implica que todas las personas tienen el derecho a recibir una atención médica que respete su integridad, identidad y condición. Los pacientes deben ser tratados con respeto y sin discriminación, y se les debe proporcionar información clara y completa sobre su estado de salud, diagnósticos y tratamientos. La dignidad también incluye el derecho a ser escuchado y participar en las decisiones sobre su propia atención médica.

En Colombia, todos los ciudadanos tienen derecho a un acceso igualitario a los servicios de salud, sin importar su condición económica, social, racial o geográfica. El Estado y las EPS están obligados a garantizar que ninguna persona sea excluida o tratada de manera desigual en el acceso a servicios de salud necesarios. Este derecho asegura que no haya discriminación en la provisión de tratamientos o servicios médicos.

La seguridad social, de la cual el sistema de salud hace parte, es un derecho conexo que garantiza que todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a atención médica, tratamientos y medicamentos, sin importar su capacidad económica. Las EPS deben ofrecer cobertura total de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y garantizar que las personas puedan acceder a lo necesario para proteger su bienestar físico y mental.

Los pacientes tienen el derecho a ser informados sobre su estado de salud, los tratamientos disponibles, los riesgos y beneficios de los procedimientos, así como sobre los tiempos de espera y costos asociados. Este derecho garantiza que las decisiones médicas se tomen de manera informada y consciente. Además, las EPS y entidades de salud deben proporcionar a los usuarios acceso a su historial clínico y a toda la información relevante sobre su tratamiento.

El derecho a la salud no se limita únicamente a recibir atención médica en casos de enfermedad. En Colombia, se entiende como un derecho integral que incluye la prevención, promoción y recuperación de la salud en todas sus dimensiones (física, mental y social). Las EPS y el Estado deben garantizar programas de vacunación, prevención de enfermedades, promoción de estilos de vida saludables y rehabilitación.

Cuando una persona no recibe la atención médica que necesita, el Estado tiene la obligación de intervenir para proteger el derecho a la salud. A través de mecanismos como la tutela, las personas pueden exigir que sus derechos en salud sean respetados. Si una EPS niega un tratamiento o no ofrece una respuesta adecuada, se puede acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de estos derechos.